martes, 8 de mayo de 2012


Amor denuncia que el Ayuntamiento hace “un traje a medida” a Ortiz en El Moralet al excluir del convenio a otros propietarios

 Las irregularidades en el expediente para acometer la expropiación de terrenos en la partida de El Moralet no cesan. Hace menos de dos semanas el grupo municipal Liberales de Benidorm denunció que el gobierno de Agustín Navarro preparaba una permuta de suelo en esta partida al empresario Enrique Ortiz a cambio de concederle aprovechamiento urbanístico en otros planes como Armanello y el Murtal, a pesar de que no había obligación alguna de “expropiar” una parte de ese suelo. Aquello fue calificado de “escándalo urbanístico” y las denuncias del grupo liberal motivaron que el asunto fuera retirado de una comisión informativa y no se debatiese en pleno.
Esta mañana, la portavoz de Liberales de Benidorm, Gema Amor, ha ido más lejos y ha acusado al gobierno socialista de hacer “un traje a medida” al empresario Enrique Ortiz al utilizar “diferentes varas de medir” al tiempo que “premiar y despreciar a según qué propietarios del terreno”. Amor desveló que, al contrario de lo afirmado por el gobierno local, “el suelo del Moralet no pertenece a un único propietario -Ortiz-, sino que sobre los mismos terrenos objeto del convenio una empresa posee más de 180.000 metros cuadrados que no han sido incluidos en el citado convenio”. La edil resaltó que “al parecer, la superficie que decía tener Ortiz no es tal, sino inferior” y lamentó que “cuantos más datos vamos conociendo de este expediente, más oscuridad y más atropellos nos encontramos”.
Gema Amor precisó que el propio concejal de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer, se mostró “visiblemente nervioso” cuando fue preguntado por este asunto en la comisión informativa de Urbanismo celebrada el lunes. “Le preguntamos por la finalización del plazo para el inicio del expediente y nos respondió que se había dado más plazo. Algo que no entendemos porque éste acababa ayer” incidió. Según explicó Amor a los medios de comunicación, “se ha estado ocultando a los otros propietarios el pelotazo y la macrooperación con la que pretendían beneficiar a algunos”. “Ahora entendemos porqué no querían someter el expediente a exposición pública como marca la ley, ya que lo que realmente pretendía era ocultar dicha operación al resto de propietarios afectados y de los que la mercantil Iniciativas Comerciales de Benidorm se arrogaba la titularidad del suelo para que se le permitiera tener las 36.746 unidades de aprovechamiento” subrayó.
La portavoz liberal repasó la historia de la tramitación de este expediente urbanístico y lamentó que “al parecer, Ortiz ni siquiera tiene la superficie que decía tener”. Por eso, la concejal criticó con dureza que existiese un convenio en el que se otorgaba un aprovechamiento urbanístico a Iniciativas Comerciales de Benidorm (la empresa de Enrique Ortiz) “que no se corresponde con la propiedad que tiene del suelo”.
Amor rechazó igualmente los motivos esgrimidos por el concejal Juan Ángel Ferrer al tratar de explicar porqué no se había comunicado a Gestesa el inicio del

expediente y aseveró que el equipo de gobierno “cocina excusas y argumentos inverosímiles” con la finalidad de “intentar justificar, sin éxito, las continuas irregularidades que se han venido cometiendo”. Amor recordó que la primera excusa empleada “supuestamente expropiar” dicho suelo forestal de especial protección era “garantizar la construcción del Tren de la Costa”. Posteriormente, y ante la aparición de la propiedad de Gestesa “se escudan en que no puede beneficiarse dicha mercantil de la actuación porque no ha solicitado la expropiación de los terrenos”. Y concluyó relatando la “última ocurrencia” de Navarro y Ferrer “que es incluir a todos los propietarios de la zona dentro de la actuación, que se  ampliaría”. En ese sentido, explicó que el concejal de Urbanismo se puso en contacto ayer por la tarde con algunos propietarios que no tienen terreno en esa zona para decirles que en breve les comunicarían que les iban a expropiar. “Es vergonzoso” espetó Amor, quien insistió que la intención de Ferrer es “dar tratamientos urbanísticos distintos, pese a tener el suelo la misma clasificación”.

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