viernes, 11 de enero de 2013


El Ayuntamiento denunciará a la Fiscalía ilegalidades urbanísticas y la presunta falsificación de cédulas de habitabilidad

El gobierno pone en marcha una investigación interna para determinar responsabilidades


El portavoz del grupo municipal socialista, Conrado Hernández, ha indicado hoy que será la Justicia la que determine si existen responsabilidades judiciales por ilegalidades urbanísticas y por la presunta falsificación de firmas en cédulas de habitabilidad, para cinco nuevas viviendas construidas irregularmente en un edificio del municipio.

Hernández ha anunciado, por tanto, que se abrirá una investigación interna, con el consiguiente expediente informativo, para depurar responsabilidades; así como que el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, se personará el próximo lunes, 14 de enero, en las dependencias de la Fiscalía de Benidorm, para poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, “que determinará, como no puedo ser de otra manera –ha indicado el portavoz municipal- si existen posibles responsabilidades penales, y esperamos solicite la oportuna práctica de diligencias para depurar estos hechos”.

Asimismo, Hernández ha recalcado que “siempre son concejales del Partido Popular, especialmente aquellos que tienen una transversalidad, y sobre todo en las últimas fechas de su gobierno, los que se ven implicados en casos como este, con cédulas de habitabilidad falsas, con firmas falsificadas y con una comisión judicial que entra en el Ayuntamiento de Benidorm por primera vez”, lo que según Hernández evidencia “el desbarajuste y el desgobierno de los últimos años del PP en el gobierno”.

Con fecha 23 de enero de 2008, el Servicio Municipal de Obras comprobó que se estaban efectuando obras irregulares en un edificio del municipio. A partir de ese momento, ha explicado Conrado Hernández, se inicia un seguimiento del caso para restaurar la legalidad urbanística. Pero es el 26 de noviembre de 2012 cuando la responsable de las obras presenta nuevas alegaciones y adjunta como prueba para que se dicte la prescripción, cinco licencias de segunda ocupación de estas viviendas, de fecha 26 de agosto de 2008 y registro de salida de 29 de agosto de 2008.

A la aparición de estas cédulas de habitabilidad con firma falsificada se suma, ha informado Hernández, que los registros de salida que figuran en las cinco licencias  de segunda ocupación de fecha 29 de agosto de 2008 no corresponden a ninguna cédula de habitabilidad de segunda ocupación a nombre de una ciudadana, como tampoco consta en el registro general de salida cualquier documento dirigido a la particular antes citada ni al edificio sito en la calle Ramón y Cajal 3, Residencial Josefina o al expediente de licencia de segunda ocupación.

Finalmente, el instructor de Disciplina Urbanística del Consistorio ha resuelto en un informe del área de Urbanismo, con fecha 10 de enero de 2013, desestimar todas las alegaciones presentadas en nombre de una ciudadana, en relación a las referidas obras en cinco viviendas construidas irregularmente en un edificio de la ciudad, y tras cuatro años de presentación de alegaciones y desestimación de las mismas. Además de ello, el instructor de Disciplina Urbanística propone en este informe la demolición de las obras realizadas en infracción urbanística.

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