COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

“GALLARDÓN QUIERE QUE VOLVAMOS A LA ESPAÑA DE ANTES DE 1985”

           

La secretaría de salud sexual y derechos civiles del PSPV-PSOE de Benidorm, considera que la intención del Gobierno español de modificar la ley de interrupción voluntaria de embarazo, supone un retroceso importante e injustificable en derechos sexuales y derechos reproductivos.

            Una vez más, el PP muestra su aspecto ultraconservador pretendiendo cambiar la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento las definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva.

            Esta ley ha regulado de manera equitativa, con justica social y ampliando los derechos civiles la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal, siguiendo la pauta más extendida en los países de nuestro entorno político y cultural, y pretendiendo  garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses de la mujer y de la vida prenatal.

            La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de marzo de 2007 en la que se afirma, por un lado, que «en este tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada» y, por otro lado, que «una vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo».

            También, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1607/2008, de 16 abril, reafirmó el derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, ha invitado a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables.

            La intención anunciada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, de impedir la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación en el feto, supone retroceder en derechos sexuales y reproductivos a antes incluso de la ley de supuestos vigente desde 1985 hasta 2010 —cuando interrumpir el embarazo era delito y solo se permitía en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre— Esto supondrá devolver a España a una época en la que la interrupción voluntaria del embarazo no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica.

            En definitiva, consideramos que si esta propuesta del gobierno del PP sale adelante, se estarán vulnerando derechos humanos de toda la ciudadania, y más especificamente, eliminaría derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas, por tanto derechos civiles.

Alvaro Beltrán Navarro. Secretario de salud sexual y derechos civiles del PSPV-PSOE de Benidorm