Artículo de Opinion.

(4 de diciembre de 2012)

“Deberían convocarse Elecciones autonómicas sin más excusas ni dilaciones”. Por Manoly Nicolás

“Los ciudadanos pedimos y queremos que la sociedad valenciana vuelva a recuperar su vigor y fuerza, pedimos que las cosas funcionen en esta tierra, y es evidente que con este gobierno autonómico y con unas Cortes cargadas de imputados, es imposible de conseguirlo. Con total seguridad  les puedo afirmar que con un gobierno de UPyD estas cosas no sucederían, y quizás todo volvería a funcionar en la Comunitat Valenciana.”

Manoly Nicolás, fundadora de UPyD y candidata número uno al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2011 por UPyD en nuestra provincia, desde una óptica personal, quiere reflexionar ante los últimos acontecimientos políticos acontecidos en la administración pública valenciana, donde cargos alicantinos están siendo protagonistas causantes del deterioro de las Instituciones que representan a todos los ciudadanos.

Como persona vinculada a un partido político que defiende la transparencia y la regeneración democrática de ayuntamientos y organismos autonómicos, no puedo aceptar los bochornosos espectáculos que están ofreciendo el presidente de mi comunidad autónoma y muchos de los diputados elegidos en las elecciones del pasado mes de mayo de 2011. La máxima autoridad política, Alberto Fabra, reconocía el pasado sábado que desde su partido se está ofreciendo un circo en lugar de ofrecer respuesta a los problemas de los ciudadanos. Cuando se habla en esos términos, y cuando se dice a sus diputados y senadores que “han de trabajar como un reloj”, es porque el reloj se ha quedado sin cuerda, o sin pilas, y son los ciudadanos quienes han de decidir a través de las urnas quiénes han de seguir gobernando en esta región, aplicando en Estatuto de Autonomía, que para eso existe y no considerarlo papel mojado en situaciones límite como las que vivimos.

Hemos visto dimitir al Conseller Vela, el de hacienda, en pleno debate de las cuentas para el año 2013 por entrar a formar parte de otro asunto de máxima corrupción como es el del desvío de fondos públicos donde está imputado otro diputado regional, Rafael Blasco. Hemos visto estos días dimitir al diputado autonómico y exalcalde de Torrevieja al ser condenado a varios años de prisión e inhabilitación. Hemos visto cómo desde la Diputación Provincial se ha anunciado la apertura de una investigación contra el anterior presidente Ripoll por presuntas irregularidades “de peso”, siendo los investigadores compañeros de partido, concediéndole el Gobierno del Puerto de Alicante.

Y estamos viendo según van saliendo asuntos turbios que terminan en Palacios de Justicia, la responsabilidad de nuestro presidente del gobierno Mariano Rajoy, quien autorizó en la primavera del año pasado a Francisco Camps la elaboración de unas candidaturas repletas de políticos que ahora empiezan a ser condenados unos tras otros. Pero lo peor de todo es que si alguno de los condenados dimite, inmediatamente  entran por la vía de “herencia familiar” personas cercanas a ellos, como es el caso de la hija del exalcalde de Alicante, imputado por los Tribunales de Justicia, quien ocupará el puesto dejado por el condenado exalcalde de Torrevieja. Ni tan siquiera el actual Molt Honorable fue elegido en las urnas, su llegada a la presidencia de la Generalitat se decidió en un despacho. Estas cosas, en democracia, no se pueden permitir.

El Partido Popular y UPyD pactaron el pasado martes una enmienda de UPyD transaccional en el Congreso, donde se comprometieron a acometer las reformas legales que consigan desalojar a los acusados e imputados por corrupción, tanto de los cargos públicos como de las listas electorales. Fue una petición del pasado 31 de octubre, en el que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la necesidad de tomar medidas contra los imputados por corrupción.

Por ello, como ciudadana alicantina, y ante la cascada de acontecimientos desalentadores que vienen sucediendo en sede de la representación de la ciudadanía, creo deberíamos dar un paso más y pedir la disolución de la cámara por un acto de honradez de quienes la ocupan, que permitiera una convocatoria electoral acorde a la legalidad vigente, y que sean los Ciudadanos castellonenses, valencianos y alicantinos quienes decidamos qué hacer ante el caos que impera en la sociedad valenciana, en cualquier caso, pediría la dimisión de todos esos diputados imputados en casos graves de corrupción. Los alicantinos no merecemos estar en la portada de los medios nacionales por estos asuntos que provocan vergüenza ajena, ni por supuesto estar gobernados por personas que ni son ejemplares ni pueden dedicar tiempo a los problemas de la sociedad, porque su tiempo lo emplean preparando sus intervenciones judiciales y cómo seguir defendiendo un cargo público que deshonra a toda una sociedad.

Los ciudadanos necesitamos que la sociedad valenciana vuelva a recuperar su vigor y fuerza, pedimos que las cosas funcionen en esta tierra, y es evidente que con este gobierno autonómico y con unas Cortes cargadas de imputados, es imposible de conseguir. Con total seguridad puedo afirmar que con un partido como UPyD en el Gobierno estas cosas no sucederían, y quizás todo volvería a funcionar en la Comunitat Valenciana.

Manoly Nicolás.