ARTÍCULO DE OPINIÓN

Manoly Nicolás: “Los alicantinos no podemos permitir que la falta de inversiones en nuestras carreteras se lleven por delante vidas humanas en muchos puntos negros”

En mi calidad de candidata número uno en la lista de Unión Progreso y Democracia, UPyD, en las elecciones generales de noviembre de 2011, y asumiendo la responsabilidad que ello ha significado, me veo obligada a transmitir a la opinión pública alicantina mi preocupación ante la desidia y el abandono que se viene teniendo desde los gobiernos centrales, autonómicos y provinciales en la mejora de la red de carreteras de la provincia de Alicante. Precisamente uno de nuestros compromisos electorales era racionalizar los presupuestos para mejorar las carreteras y poder evitar tragedias que se repiten continuamente y aparecen en los medios de comunicación como un goteo inacabable de pérdida de seres humanos.

Uno de los puntos negros dentro de las carreteras españolas es la nacional 332, en todo el tramo que recorre la costa desde la capital hasta El Verger. Se cuentan por docenas los accidentes y los fallecidos en los últimos años, sin que nada se haga para mejorar algunos de sus tramos, que desde su inauguración en 1929 por Primo de Rivera no han visto ni un céntimo de inversión en sus tramos. Es llamativo que un ayuntamiento como el de El Campello, ante el cúmulo de accidentes en esa carretera en su término municipal, pidiese al Ministerio de Fomento mejoras en su trazado. Y la respuesta ha sido que no hay dinero, y por tanto, para el actual gobierno de Rajoy, como antes lo fue para el de Zapatero o Aznar, e incluso el de Felipe González, la vida de los conductores alicantinos importa poco o nada.

En esa carretera N-332, hay un tramo, el correspondiente a la variante de Villajoyosa, donde junto a la variante de Benidorm, lleva acumuladas ocho víctimas mortales en un año. Se da la circunstancia que el tramo de La Vila fue declarado ilegal en mayo de 2008 por el Tribunal Supremo cuando había sido inaugurada con una gran fiesta a la que acudieron  todos los políticos y abierto al tráfico en 2005. Por tanto, hablamos de un tramo abierto al tráfico declarado “ilegal” por el máximo organismo de la Justicia en España.

En todo este tiempo, los motivos de su ilegalidad no han sido restaurados ni mejorados por el Ministerio de Fomento, ni nada han hecho los representantes alicantinos en Madrid para evitar que se sigan produciendo accidentes mortales, como el sucedido hace unos días a la altura del Hospital Marina Baixa, donde una madre falleció cuando llevaba a sus hijos a la guardería. Y lo dramático del caso es que estando el hospital a veinte metros lineales, esa carretera no tiene acceso al centro hospitalario, con lo que las ambulancias tuvieron que hacer una ronda de casi seis kilómetros para poder ingresar a los niños heridos graves, jugando una vez más con la vida de seres humanos. Pero eso sí, los alcaldes de esa comarca, todos del PP o del PSOE, nada han hecho por mejorar esos accesos ni presionar a las administraciones centrales o autonómicas. Su “Foro de Alcaldes” está demostrando que vale bien poco salvo para hacerse la foto de rigor y seguir engañando a los ciudadanos.

¿Y qué se sabe de la variante de Altea, o los accesos a Calpe, o la variante de Benissa o la de Gata de Gorgos?. Nada, no se sabe nada. Llevan treinta años paralizadas o metidos sus proyectos en un cajón, bien porque la corrupción ha salpicado a las empresas concesionarias, o bien por intereses particulares ocultos de algún que otro alcalde. De poco o nada nos ha servido tener administraciones como la Diputación de Alicante, o la Generalitat, porque ya sabemos el trato que Madrid nos viene realizando históricamente a los alicantinos.

Pero eso sí, ese tramo de carretera, todo ese punto negro que es la N-332 desde Alicante hasta la linde con la provincia de Valencia, tiene paralelamente una autopista, la AP-7, que debió quedar liberada de su peaje el 31 de diciembre de 1999. Hubo un político presidente de esta región, apellidado Zaplana, que prolongó la concesión hasta el año 2018, obligándonos a pagar unas tarifas que en estos tiempos de crisis son imposibles de asumir por la inmensa mayoría de usuarios. Y ante la cercanía de esa fecha de posible liberalización de la AP-7, ya hay voces dentro del actual gobierno valenciano que habla de prorrogarla hasta el año 2030, una actuación inaceptable y repudiable por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Esperemos que llegado el momento de decidir si se prorroga o no la concesión, en la Comunitat Valenciana ya gobiernen otros partidos, como UPyD, porque las cosas cambiarían de forma rotunda y esa autopista quedaría abierta para todos.

Produce impotencia y frustración formar parte de la lista de los 6.000.000 de parados que ya existen en España, y también produce rabia saber el riesgo que corremos cuando utilizamos ciertas carreteras en las que no se ha invertido nada en los últimos 80 años mientras se derrocha en infraestructuras sin uso y eventos que solo sirven para alimentar el ego de algunos políticos. Con un gobierno y una gestión de UPyD estas cosas no pasarían ni pasarán en un futuro cuando contemos con la confianza de los españoles, porque nuestro firme compromiso, con luz y taquígrafos, es que todo vuelva a funcionar en España, y por supuesto en la provincia de Alicante.

Manoly Nicolás y UPyD Alicante superó en las elecciones generales de 2011 el 5.50% de los votos emitidos, quedando a las puertas de lograr un escaño en Las Cortes Generales.