El Ayuntamiento de Benidorm, a favor de la adopción de medidas y reformas legales contra la corrupción política

El gobierno local insta al Gobierno central a que incorpore las listas abiertas en los procesos electorales

El Pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta presentada por los concejales del equipo de gobierno municipal Gema Amor y Conrado Hernández, portavoces de los grupos municipales Liberales de Benidorm y PSPV-PSOE respectivamente, instando a la asunción de reformas y medidas contra la corrupción política. Además, se ha votado a favor de una enmienda relativa a la presentación de certificaciones de renta de cada uno de los 25 ediles de la corporación, en cada uno de los puestos desempeñados, desde la toma de posesión de la actual corporación.

La moción recoge que se instará al Gobierno a que ponga en marcha todos los mecanismos y medidas necesarias con el objetivo de asegurar que quienes sean acusados formalmente de algún delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni ostentar, o seguir ostentando en su caso, cargos públicos. Para ello se solicita la adopción de las reformas legales oportunas y necesarias a fin de que todos estos supuestos se incluyan como causas de inelegibilidad e incompatibilidad con la legislación actual.

En segundo lugar, se insta al Gobierno a la incorporación de las listas abiertas en los procesos electorales, y que acometa en la legislación al respecto las reformas que sean oportunas y pertinentes para tal fin.

En tercer lugar, se insta a todos los órganos judiciales competentes a actuar con celeridad en todos aquellos casos que tengan que ver con la corrupción política. Al mismo tiempo, se reclama a los partidos políticos de todo signo a que den una respuesta absolutamente clara y rápida ante estos casos, pero siempre con el respeto a la presunción de inocencia.

En cuarto lugar, se solicita a todos los partidos políticos representados en las Cortes Generales la adopción de un Pacto de Estado contra la corrupción y que aúnen todos sus esfuerzos para alcanzar el mayor consenso posible en la futura Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de forma que en la misma se reconozca el derecho a la información, la comunicación y el conocimiento como un derecho fundamental que regule específicamente la transparencia de datos institucionales.

Finalmente, la moción implica que los presentes acuerdos sean remitidos al presidente del Gobierno de la Nación, al presidente de la Generalitat Valenciana, así como a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Valencianas.

Preocupación de los españoles

En la exposición de motivos presentada por ambos ediles se recoge la preocupación en la sociedad española por los recientes asuntos de corrupción que han salpicado a la clase política en las últimas fechas, que se ha duplicado a tenor de las encuestas realizadas. El CIS, en su último barómetro, expone que el 17,2% de la población sitúa a la corrupción política como uno de los principales problemas de España y se coloca como el cuarto que más preocupa a los españoles, por detrás del paro, la crisis económica y la política y los partidos políticos en general.

De estos datos se desprende que la política y los políticos figuran en dos de las cuatro principales preocupaciones de los ciudadanos. Para combatir esta percepción, recoge la propuesta municipal, no ayuda el aumento constante de los casos que están siendo investigados por la justicia y en los que, una vez sí y otra también, figuran implicados políticos de diverso signo.

La exposición de motivo de la propuesta también incluye que “no se trata aquí de denunciar a partido político alguno ni a personas concretas, sino de incorporar a la legislación medidas que sean realmente efectivas para acabar con estos comportamientos y que contribuyan eficazmente a que los culpables de estas acciones se responsabilicen de sus actos”. Hasta el momento, añade, “poco ayuda saber que nuestro país ocupa el puesto 30 de un total de 183 en el estudio hecho por la organización Transparencia Internacional, que nos sitúa en el mismo lugar que Botsuana y por detrás de la mayoría de países de la antigua Unión Europea de los 15”.

Con esta moción, por tanto, se pretende contribuir a lograr una legislación efectiva ante cualquier tipo de corrupción que al mismo tiempo garantice que dichos delitos serán perseguidos hasta el final. “No podemos permanecer quietos ante actitudes que han causado el mayor de los sonrojos a nuestros conciudadanos, como tampoco debemos permanecer inalterables ante la imagen que nuestro país exporta al exterior por este motivo”, apunta la propuesta.