El Estado sólo retendrá la mitad de sus aportaciones a Benidorm para garantizar el pago de nóminas y servicios sociales

• El PP desmiente el mensaje alarmista del gobierno de Navarro tras el rechazo del plan de ajuste

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, José Ramón González de Zárate, ha lanzado esta mañana un mensaje de tranquilidad frente a los mensajes apocalípticos del alcalde Agustín Navarro y de la concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, sobre las consecuencias que tendrá el rechazo del plan de ajuste en el pleno del pasado 30 de marzo, cuando anunciaron que corría peligro el pago de las nóminas a los trabajadores municipales y recortes generalizados en ayudas sociales, becas, mantenimiento de centros, etcétera, en cuanto el Estado deje sin transferir la aportación anual que hace al Ayuntamiento para saldar el préstamo de 57,7 millones realizado para pagar a proveedores.

El edil del PP ha aclarado esta mañana que en el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado ya se establecen mecanismos para evitar el estrangulamiento financiero de los ayuntamientos a la hora de devolver el préstamo concedido a través del ICO  (Instituto de Crédito Local) para pagar a proveedores. “Lo que Navarro debe hacer,-dijo González de Zárate-, es ponerse a trabajar y dejar de amenazar a los ciudadanos y a los trabajadores con una hecatombe por culpa del Partido Popular. Lo que tiene que hacer es gestionar, buscar fórmulas y renegociar con las concesionarias para sacar al Ayuntamiento del pozo económico en el que lo ha hundido”.

González de Zárate recordó que el mismo día en el que se rechazaba el plan de ajuste de Benidorm por plantear una subida generaliza de impuestos y tasas, el BOE publicaba la Ley de Presupuestos Generales del Estado estableciendo fórmulas para que los ayuntamientos puedan hacer frente a la devolución del préstamo sin estrangular sus finanzas hasta extremos insostenibles.

La Ley del Presupuesto General del Estado establece en su artículo 111 que la retención a practicar a las entidades locales será del 50 por ciento de la cuantía asignada a esa entidad local. En otro apartado de ese mismo artículo ha quedado previsto incluso que “la cuantía en el conjunto del ejercicio, podrá reducirse cuando se justifique la existencia de graves desfases de tesorería generados por la prestación de aquellas obligaciones relativas al cumplimiento regular de las obligaciones de personal; a la prestación de los servicios públicos obligatorios en función del número de habitantes del municipio y la prestación de servicios sociales, protección civil y extinción de incendios, para cuya realización no se exija contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado.

Las normas contenidas en este artículo serán de aplicación en los supuestos de deudas contraídas por las Entidades Locales con el Instituto de Crédito Oficial, por la línea de crédito instruida por este último a las que se refiere la Sección Segunda del Capítulo II del Real decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio. Asimismo, serán de aplicación las normas de este precepto en los supuestos de deudas contraídas con el Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores, que pudieran derivarse de la aplicación del artículo 8 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

El edil González de Zárate subrayó que todo lo anterior viene a desmontar lo que anunciaron los portavoces del gobierno de Navarro nada más ser rechazado su plan de ajuste, en el sentido de que el Estado iba a retener la totalidad de los 14 millones de euros que transfiere a Benidorm para ir amortizando el préstamo. “Eso no era verdad, porque la misma Ley ya establece que sólo se retendrá el 50 por ciento a lo largo del este año”, declaró, para acto seguido subrayar que el rechazo al plan de ajuste lo que va a permitir es “evitar que el gobierno de Navarro continuara con su derroche y disponer de dos años de carencia para la devolución del préstamo, en los que pretendía seguir con su política de enchufismo y despilfarro”.

También recordó, por tanto, que no hacía falta pedir reuniones con el ministro de Hacienda reclamando medidas especiales porque esas medidas, dijo, ya estaban contempladas en la Ley de Presupuestos. González de Zárate concluyó lamentando las contradicciones de un equipo de Gobierno en el que su concejal de Hacienda, Natalia Guijarro  llegó a anunciar en febrero,  que el presupuesto de este año tendría una previsión de gastos e ingresos de 92 millones de euros, mientras que en el plan de ajuste propuesto por el gobierno socialista, se hablaba de un presupuesto de 94 millones de euros. “¿Qué pretendían hacer con esos dos millones de más,-se preguntó de Zárate-, continuar con su política de despilfarro?”