Artículo de Opinión.

 (14 de diciembre de 2012)

¿Por qué sigue obteniendo Enrique Ortiz contratas públicas multimillonarias pagadas con nuestros impuestos cuando está en entredicho su “modus operandi” y está siendo investigado por la Justicia?

Manoly Nicolás, fundadora de UPyD, y candidata número uno al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2011 por UPyD en nuestra provincia, quiere compartir junto a la inmensa mayoría de los alicantinos la preocupación por la interminable ceremonia que vienen ofreciendo algunas instituciones públicas a través de un inaceptable matrimonio con el empresario imputado en múltiples causas Enrique Ortiz, quién es protagonista día tras día por asuntos turbios y desconcertantes, donde siempre encontramos dinero público de por medio, un dinero que es “sagrado” al provenir del esfuerzo tributario al que nos están sometiendo los actuales gobiernos central y  autonómico.

No es entendible, ni tampoco se puede justificar moralmente en forma alguna, que desde Ayuntamientos y otras Instituciones Públicas se siga concediendo contratas y licencias a un hombre que en los últimos tiempos ha sido investigado y tiene  procesos abiertos con muchos asuntos graves en manos de la Justicia, y sin embargo sigan siendo notorias las cantidades de dinero público que aparecen en los nuevos tratos que se están firmando en las últimas semanas.

Como mínimo entiendo que debería esperarse a las resoluciones judiciales de los asuntos que están pendientes de juicio, y buscar alternativas que no supongan que a un ciudadano, a quien respetamos su presunción de inocencia, se le otorgue con alegría las contratas millonarias que pagamos todos. La última ha sido la limpieza de colegios y dependencias municipales en Alicante capital, donde la concesión no se ha otorgado ni tan siquiera a la más económica en los tiempos que corren, ya que la justificación ha sido “la experiencia”, y si por eso fuere, con la trayectoria de todas las empresas de Ortiz, ninguna otra mercantil podrá tener nunca acceso a una contrata pública en esta tierra porque todo, absolutamente todo, lo tiene copado este hombre con su ramificación y entramado mercantil que ha impregnado de una manifiesta y presunta corrupción los cuatro puntos cardinales de la provincia.

Como contribuyente y militante, aplaudo y apoyo al concejal de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Fernando Llopis, de haber impulsado una comisión para investigar los contratos y adjudicaciones a Enrique Ortiz, donde llama la atención que la oferta más cara haya sido la beneficiada con la asignación del concurso y el argumento de concesión sea el tener la mayor experiencia. Sin olvidar la devolución de la fianza del Rico Pérez, donde UPyD ya ha constatado falta de documentación, a pesar de las facilidades que según el grupo municipal de PP iba a disponer. También resulta desalentador para UPyD, la retirada de esta comisión de IU a pesar de votar junto al PSOE en el pleno, la creación de la comisión

Desde los escandalosos asuntos de las basuras en la Vega Baja, pasando por Alcoy desde donde se le reclama dinero ya pagado, Alicante con el famoso “Caso Brugal” y el PGOU, Benidorm con su estación de autobuses y planes parciales que tienen paralizado el progreso de la “capital del turismo”, y otro cientos de puntos de la provincia, no es aceptable que este empresario haya contado con el visto bueno y la anuencia para realizar todo aquello que ha sido su capricho desde las Instituciones Públicas, desde los gobiernos autonómicos valenciano y murciano, hasta los Ayuntamientos que no saben qué hacer para no estar en manos de este hombre, el más poderoso de la provincia, cosa que si lo fuere, debería servir para crear empleo y riqueza en esta tierra, pero no para que la imagen que proyectamos al exterior sea nefasta por los casos de presunta corrupción donde Enrique Ortiz está envuelto y ha envuelto a todos.

No podemos olvidar que hemos visto ser detenidos a alcaldes, concejales, e incluso el presidente de la Diputación Provincial en julio de 2010, donde la sombra de Ortiz estaba presente en todos ellos. Los políticos no pueden permitir que los “vacíos legales” sirvan para que el dinero público se vaya por un sumidero con la facilidad con la que se le ha entregado a este hombre y parece ser se le quiere seguir entregando. Hay que terminar con ese “permiso para todo” que parece tiene este empresario alicantino, porque nos jugamos mucho los dos millones de ciudadanos que vivimos en esta provincia, caracterizada por la lucha constante de hombres y mujeres emprendedores, que vemos cómo algunos tienen “línea directa” con el poder y con las arcas públicas para ser, si cabe, todavía más poderosos.

Finalizo con el recuerdo de las palabras del expresidente regional Francisco Camps cuando fue detenido su compañero de filas Joaquín Ripoll hace dos veranos, cuando  pidió a todos “prudencia y responsabilidad”, la misma prudencia y responsabilidad que otros compañeros de filas populares no están teniendo a la hora de seguir concediendo a Enrique Ortiz contratas multimillonarias para ofrecer unos servicios públicos, que bien gestionados por otros, nos costarían muchísimo menos y nos alejarían de los focos de las cámaras que nos catalogan como una de las provincias con mayor índice de corrupción en España.

No me cabe duda de que con UPyD en el gobierno, estas cosas no sucederían, (como aseguré durante la campaña de las pasadas Generales, siendo precisamente en el tema que hoy nos ocupa, donde los ciudadanos más me pedían que interviniera si salía diputada), y el dinero de todos revertiría en puestos de trabajo y riqueza para los ciudadanos, porque desde UPyD haríamos que todo volviese a funcionar como la inmensa mayoría de los ciudadanos alicantinos estamos deseando que suceda.

Manoly Nicolás.